ARTÍCULOS / ARTICLES
Laura Rodriguez Aguero
Universidad Nacional de Cuyo
Argentina
Resumen
Durante
el tercer gobierno peronista (1973-1976) comenzó a montarse el
dispositivo represivo que marcó los prolegómenos del
Terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura militar de
1976. En Mendoza, la violencia paraestatal fue llevada a cabo por el
CAM (Comando Anticomunista Mendoza), y el Comando Moralizador Pío
XII. En
este trabajo nos proponemos realizar a partir del uso de fuentes
escritas y del testimonio de algunos/as sobrevivientes, una
reconstrucción del accionar paraestatal, en vistas a analizar,
por un lado, cómo se constituyeron en la dinámica
local,
las redes de relaciones implicadas en la práctica represiva y
la inflexión que implicó noviembre de 1975 en la
centralización de la represión; y por otro lado, cómo
se manifestó el carácter internacional de la represión
y la idea de aniquilación del “enemigo interno” en
Mendoza, partiendo de la hipótesis de que
la misma adquirió proporciones inusitadas debido a su carácter
de provincia de frontera y su cercanía con Chile, en un
momento de articulación de redes represivas en el Cono Sur.
Palabras clave: Represión; Enemigo interno; Organizaciones paraestatales.
Centralization of repression, parastatal violence and international networks repressive parastatal in predictatorial Mendoza
Abstract
During
the third Peronist government (1973-1976) began to mount the device
repressive marked the eve of state terrorism carried out by the
military dictatorship in 1976. In Mendoza, parastatal violence was
carried out by the CAM (Command Anti Comunist Mendoza), and Pius XII
Moralizador Command. In this paper we propose to make from the use of
written sources, and the testimony of some survivors, a
reconstruction of the parastatal actions in order to analyze ,on one
hand, how there were constituted the local dynamics and relationship
networks involved in repression and inflection November 1975
involving the centralization of repression; and on the other hand,
how it manifest the international nature of repression and the idea
of the "internal enemy " in Mendoza ,
starting from the hypothesis that it acquired unprecedented
proportions due to its border province and its proximity to Chile, in
a moment of joint repressive networks in the Southern Cone .
Keywords: Repression; Internal enemy; Parastatal organizations.
Para las décadas del ´60 y ´70, gran parte de América Latina se vio afectada por dictaduras militares. En la Argentina, el ciclo de protesta que se abrió a partir del derrocamiento del segundo gobierno peronista (1955) y la permanente puja capital-trabajo se resolvió a favor del capital, a partir de “la revancha clasista” que se abrió en marzo de 1976 cuando la combinación de las crisis económica, política y social tuvieron su punto cúlmine (Basualdo, 2007). Agustín Santella señala que la dinámica de lucha económica
que opuso la estrategia de incremento de productividad como vía de rentabilidad capitalista, a la resistencia en el lugar de trabajo y la movilización nacional en defensa del salario obrero, fue volcada claramente a favor del capital solo a partir del proceso represivo a una escala históricamente mayor desde 1976 (Santella, 2009:7).
Sin embargo, la represión se inició antes de marzo del ´76. Durante la presidencia de Isabel Perón (1974-1976) comenzó a actuar la Triple A o AAA (Alianza Anticomunista Argentina), organizada y financiada por el ministro de Bienestar Social del tercer gobierno peronista, José López Rega. En Mendoza, la Triple A actuó a través de diferentes organizaciones. Tuvieron efímera existencia el Comando de Operaciones Anticomunistas José I. Rucci, la Juventud Peronista Auténtica y el Comando Fernando Abal Medina. El accionar represivo fue llevado a cabo principalmente por el CAM (Comando Anticomunista de Mendoza) y el Comando Moralizador Pío XII.
Este proceso represivo se produjo en un escenario subcontinental marcado por una serie de golpes de Estado que afectaron a gran parte de los países del Cono Sur, y que incluyeron el tejido de redes internacionales para controlar y perseguir a los miles de exiliados/as que huyeron a países de la región, tratando de salvar sus vidas. Una de estas redes, probablemente la de mayor envergadura, fue la Operación Cóndor o “Plan Cóndor”, la cual estableció la articulación entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, para combatir a la “subversión comunista” en el subcontinente. En este contexto Mendoza, como provincia de frontera, tuvo una importancia estratégica. Previo al derrocamiento de Salvador Allende, en setiembre de 1973, organizaciones de derecha chilenas actuaron clandestinamente en la provincia, preparando el golpe de Estado. Luego de su derrocamiento, Mendoza se convirtió en el destino de miles de exiliados/as chilenos/as (Rodriguez Agüero, Paredes, 2012).
Por otra parte, en este proceso, el año 1975 marcó una inflexión en lo que se refiere al montaje del aparato represivo. A través de una serie de decretos se sentaron las bases para que las FFAA tuvieran injerencia directa en la represión de la conflictividad social. En febrero, el decreto 261/75 anunciaba el comienzo de las operaciones militares para “aniquilar” a la “subversión” en Tucumán. En octubre de ese año, a través de tres decretos (2770, 2771, 2772), se terminaba de formalizar la participación de las FFAA en la represión (1).
En cuanto al abordaje que desde la Historia se ha realizado sobre la lógica represiva estatal en esta etapa, queremos señalar que la mayor parte de las investigaciones se han concentrado en el periodo que se abrió en marzo de 1976, y que los trabajos relacionados con la represión previa al golpe de Estado han sido escasas. Tal como señala Gabriela Águila, recién en los últimos años algunos autores han abordado las políticas estatales represivas durante el tercer gobierno peronista, y han puesto en cuestión la periodización tradicional que solía marcar el comienzo de la represión el 24 de marzo de 1976 (2) (Águila, 2013). Una autora que ha abordado este tema es Marina Franco quien ha analizado la configuración de un estado de excepción a partir de 1973, haciendo hincapié más en las continuidades que en las rupturas que implicó el golpe. Si bien tomamos el aporte de esta autora, nuestro enfoque apunta a otorgarle centralidad al conflicto de clases, y aunque nos interesa destacar algunas continuidades, nos ubicamos en la perspectiva planteada por Débora D´Antonio y Ariel Eidelman quienes señalan que ya a partir de las insurrecciones obreras de 1969, “la actividad represiva del Estado nacional y de sus aparatos de “seguridad” específicos, se incrementó notablemente”, y que 1976 “momento en que el Estado despliega al máximo su capacidad represiva, constituye un punto de inflexión pero no un punto de inicio” (D´Antonio y A. Eidelman, 2010: 1 y 23).
En este trabajo nos proponemos realizar a partir del uso de fuentes escritas, y del testimonio de algunos/as sobrevivientes, una reconstrucción del accionar paraestatal, en vistas a analizar, por un lado, cómo se organizaron a nivel local las redes de relaciones implicadas en la práctica represiva y la inflexión que implicó noviembre de 1975 en la centralización de la represión; y por otro lado, cómo se manifestó el carácter internacional de la represión y la idea de aniquilación del “enemigo interno” en Mendoza, partiendo de la hipótesis de que la misma adquirió proporciones inusitadas debido a su carácter de provincia de frontera y su cercanía con Chile, en un momento de articulación de redes represivas en el Cono Sur.
Para este trabajo realizamos un registro diario de periódicos y revistas locales, disponibles en la hemeroteca mayor de la Biblioteca General San Martín de la ciudad de Mendoza, y entrevistas de carácter semiestructurado. La búsqueda de entrevistados se rigió en algunos casos por la técnica bola de nieve (una entrevista llevó a otra), y en otros a partir de un doble rastrillaje del campo ya que los sujetos entrevistados en algunos casos proceden de tradiciones políticas diversas.
El CAM (Comando Anticomunista de Mendoza) y el Comando Moralizador Pío XII se constituyeron con el fin de “combatir la subversión” en el primer caso, y “defender la moral” en el segundo. Ambas organizaciones estaban directamente vinculadas al jefe de la policía provincial, vice comodoro Julio Cesar Santuccione. Respecto de la llegada de este personaje a la provincia, Carlos Mendoza, referente de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y vicegobernador a cargo de la gobernación (1974), debido al juicio político al que estaba siendo sometido el gobernador A. Martínez Baca en ese momento, señala que la designación de Santuccione fue responsabilidad de López Rega, quien lo designó desde Buenos Aires. Mendoza sostiene que en el velorio de Perón, él tuvo una conversación con López Rega:
el brujo me pide que ellos designarían quién manejaría en Mendoza el banco de Previsión, Giol y sobre todo el jefe de policía (...) A la semana mandaron el decreto de intervención a la provincia de Mendoza, vino Cafiero y vino Santuccione, el jefe de policía que habían puesto de allá (3)
La vinculación de Santuccione a los grupos parapoliciales, como señala Fernando Rule ex delegado del SOEP (Sindicato de Obreros y Empleados Públicos), era vox populi en la Mendoza de los años 70.
era un secreto a voces que la policía ponía bombas. El comando Pío XII era organizado por Santuccione, policías de mano dura, con un toque catolicón moralista de pegar a las prostitutas o pasador de drogas, tiraban en esa época con escopetas de perdigones de plástico. Era una propaganda armada para aterrorizar a la población, a Santuccione no le importaban las putas ni los ladrones porque el mismo lo era. Era para aterrorizar.
Las detenciones comienzan en el año 75. A fines del 75 ya habían aparecido algunos cadáveres en Canota producto de los primeros esbozos terroristas con la firma de Pio XII y Comando Anticomunista Mendoza. Santuccione que había armado esto en lo político, empiezan a aparecer asesinadas prostitutas golpeadas. Fines del 75 detienen a Moriñas, Sgroi, Lopez, Perdomo, Silvia Olmedo, Solano y allí aparece muerto Pringles en Canota y en esos días yo sé por el relato de Guido Actis que era compañero de trabajo, me cuenta que su cuñado, casado con su hermana, jefe de la compañía de servicio del ejército había matado a Pringles (4).
Por otra parte, investigadores como Pablo Lacoste y Ramón Abalos, entre otros, han señalado la responsabilidad directa del jefe de policía en las acciones represivas (Lacoste, 2004:381; Abalos, 1997:74). También Alberto Atienza, editor de policiales de El Andino para esa época ratifica la participación del jefe de policía en los comandos:
Esa era la información que manejábamos la gente de la prensa (...) Y eso era porque tratábamos con gente del gobierno, gente de la policía y dentro de la policía, como pasa en todo grupo grande de seres humanos había algunos que les molestaba lo que pasaba y por ahí nos pasaban información aunque no podíamos usarla. Menos aún porque se lo sindicaba como jefe de ese comando al Jefe de la Policía de Mendoza, vice comodoro Santuccione. Este Santuccione venía viajando del gobierno anterior, Jefe de la Policía del gobierno de Isabel y luego, cuando viene el golpe, él participa desde adentro. Este hombre, se decía, era el autor intelectual de las acciones. Obviamente no debía desconocer lo que hacían (5).
Partiendo de la base de que el terrorismo de Estado fue producto de un plan sistemático de exterminio, que no tuvo que ver ni con “excesos” por parte de miembros de las FFAA, ni con patologías psiquiátricas de sus miembros, vale la pena detenerse en la figura de quien fue jefe de policía y de las “bandas parapoliciales” durante la época que estudiamos: el vice comodoro Julio Cesar Santuccione.
Santuccione se desempeñó como Jefe de Policía de la provincia de Mendoza desde el 29 de octubre de 1974 hasta el 20 de diciembre de 1976, desde la intervención federal de Antonio Cafiero y durante el primer año de la dictadura. Al igual que en otras provincias intervenidas, declaró el ex jefe de policía,
la entonces Presidente de la Nación ordena al señor Ministro de Defensa, que los Jefes de Policía de dichas Provincias Intervenidas, deberían ser Oficiales en actividad de Fuerzas Armadas, habida cuenta que en los distritos intervenidos habían sido infiltrados en el aparato político administrativo en las fuerzas de seguridad y en algunos estratos del (poder) Judicial por la llamada tendencia revolucionaria que en momentos se identificaban (con el) enemigo subversivo marxista (6).
También fue, durante la dictadura, secretario del Tribunal de Disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y estuvo procesado por su responsabilidad, como jefe de la Policía de Mendoza, en el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención Comisaría 7 de Godoy Cruz, D-2 Mendoza y comisaría 25 de Guaymallén. También estuvo imputado por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 personas (Nunca Más, 2006).
Luego de su paso por Mendoza, Santuccione volvió a Buenos Aires. Estuvo en la Subzona 16 de la Primera Brigada Aérea, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. Fue Jefe de la Plana Mayor de la Fuerza de Tareas 100 “columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano, creada para “desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil”. De esta fuerza dependían varios centros clandestinos, entre los que se encuentra la Mansión Seré y el Palomar, desde donde se realizaron vuelos de la muerte (Página/12, 2/2/2011). Según la jerarquía castrense, los máximos responsables dentro de la Fuerza Aérea eran: el brigadier Ramón Agosti, el brigadier Miguel Angel Ossés (jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno), los jefes de Subzona y de la FT100 (Mariani y Comes) y el de la Plana Mayor de la FT100, Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas (Página/12, 2/2/2011).
El CAM entró en escena en setiembre de 1974, mes en el que realizó seis atentados. El primero de ellos se produjo contra la imprenta Paulos, cuyo dueño era un ex cura con militancia en el campo social, quien había impreso material del FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo) y de la JP (Juventud Peronista), entre otras agrupaciones. El segundo atentado estuvo dirigido hacia la sede del Partido Comunista (P.C.). Estos dos hechos, que constituyeron la presentación en sociedad del CAM, fueron acompañados de dos partes de guerra en los cuales el comando manifestó los móviles de los atentados. En el primer caso, se acusó a la imprenta mencionada de “ser un lugar donde el enemigo confeccionaba material ideológico que envenena las conciencias de la juventud”, en el segundo por adoctrinar “a personas de intereses ajenos a la Patria” (Mendoza, 8/9/1974).
Los siguientes atentados del CAM, durante ese mismo mes fueron, en la casa de un periodista que trabajaba en la oficina de prensa de sindicatos locales y en el Centro Cultural Israelita, en ocasión de celebrarse una reunión de la comisión que nucleaba a organizaciones de ayuda de los emigrados chilenos, llamada COMACHI (Comité Argentino-Chileno).
Al final del mes se produjeron cuatro nuevos atentados. Una bomba destrozó el Taller Nuestro Teatro (TNT), acusado a través de un parte de guerra de “aguantadero de la banda marxista leninista que hace pocos días cometiera atentados con bombas incendiarias en el centro de la ciudad” (Mendoza, 25/10/1974). Vale la pena destacar que los actores que se encontraban en el interior del teatro (quienes salvaron milagrosamente sus vidas) fueron detenidos por la policía. Lo mismo ocurrió en una asamblea de estudiantes, metalúrgicos, bancarios y otros sectores realizada en el sindicato de mosaístas, cuando luego de ser atacada a balazos, la policía detuvo a las personas que se encontraban reunidas. También fueron colocadas bombas en el domicilio de un militante uruguayo del FAS (Frente Antimperialista por el Socialismo) “por marxista y terrorista”, en la casa del secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y en el auto del ex diputado del FREJULI Eduardo Molina, ambos acusados por el comando de militancia marxista. El último fue condenado a muerte y se le dio un plazo de 72 hs. para abandonar la provincia. Estos hechos marcaron sólo el comienzo de una serie mayor de atentados dirigidos contra militantes políticos y sociales. Desde octubre y hasta fin de año no dejaron de producirse acciones de este tipo.
Ya en estos primeros atentados comienza a delinearse la lógica represiva de las patotas de Santuccione. Las víctimas son personas ligadas a la izquierda en general (marxista, peronista, partidaria, gremial) ciudadanos chilenos y organizaciones de ayuda a exiliados, así como de instituciones religiosas no católicas. Gran parte de los atentados son acompañados por partes de guerra en los que el CAM expresa claramente los fundamentos ideológicos de su accionar, que se resumían en combate del “terrorismo y comunismo”. Un dato llamativo es que en el clima de impunidad que se vivía en la provincia desde la llegada de Santuccione, las víctimas de los atentados terroristas resultaran presas.
El año 1975 comenzó con una explícita agudización de las acciones represivas por parte del gobierno de Isabel. En febrero, se anunciaba el comienzo de las operaciones militares en Tucumán para “aniquilar” a la guerrilla; y en marzo, el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” ponía en marcha una brutal represión sobre los trabajadores fabriles de Villa Constitución, filial “clasista” de la Unión Obrera Metalúrgica.
En Mendoza el año quedó inaugurado con nuevos atentados. Entre enero y abril fueron colocadas bombas en las casas de referentes políticos. Tal fue el caso de la casa del secretario general del Partido Comunista Benito Marianetti, la de Alfredo Guevara, titular del Bloque de Diputados Peronistas (por error la bomba fue colocada en la casa de un vecino); en la de Daniel Olivencia, presidente del Centro de Estudiantes de Antropología Escolar y en la del dirigente del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Gervasio López.
Una de las formas de operar del CAM, fue a través de la desaparición, que por esos años fue momentánea. Muchos/as de los secuestrados/as permanecieron varios días desaparecidos/as. Cuando se trataba de dirigentes políticos y sindicales, la presión de los gremios y la instalación del tema en la agenda pública, llevó a la pronta reaparición de los mismos. En el caso de bancarios por ejemplo, la rápida reacción de las comisiones internas que declararon paros y movilizaciones, provocaron la inmediata aparición de los desaparecidos. Algunos militantes que fueron víctima de estos procedimientos, luego integraron la lista de desaparecidos. Tal fue el caso de Pablo Marín, dirigente bancario, y Daniel Olivencia, dirigente estudiantil.
Durante los meses de junio y julio de 1975 fueron hallados calcinados nuevos cadáveres. Uno de ellos pertenecía a un militante del PRT-ERP, que había sufrido un accidente en micro hacia Córdoba y había sido secuestrado del hospital en el que se encontraba internado bajo guardia policial. Se trataba del estudiante universitario Amadeo Sánchez Andía, cuyo cuerpo fue encontrado a comienzos de junio. En este caso se observa un uso estratégico de los recursos por parte de las fuerzas de seguridad. El estudiante fue detenido (e internado) por la policía provincial y, tal como lo demuestra la declaración de un” arrepentido” en el documental “7746 Legajo Conadep” de Rodrigo Sepúlveda, fue asesinado por miembros de la policía federal, quienes actuaron disfrazados y con total impunidad, al secuestrarlo en un hospital público.
En los meses de setiembre y octubre el objetivo de los atentados se dirigió hacia instituciones religiosas (no católicas). Estallaron bombas en el Centro Cultural Israelita y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en una iglesia Evangélica Metodista y en la casa de Oscar Bracelis, ex sacerdote tercermundista. También siguieron registrándose atentados a dirigentes gremiales: al bancario Luis Ocaña (delegado de la Comisión Interna del Banco de Previsión Social, militante del PRT), y al obrero de YPF Luis Armando Suárez (el propietario de la casa era Rubén Hoffman del PRT), entre otros. Los diarios hablan de más de 100 atentados para ese momento. Para el mes de noviembre se registraron nuevos secuestros, tal como ocurrió con los estudiantes Daniel Osvaldo Pina y Luis Rodolfo Moriña, los hermanos Pedro Pablo y Guillermo Luis Ariza y su cuñado, Raúl Ernesto Saal. Otro que fue víctima de la desaparición momentánea fue Jorge Bonnardel (redactor de Los Andes y El Andino, profesor en la Escuela de Comunicación Colectiva) junto a trece personas más. Una movilización organizada por el Sindicato de Prensa exigió su liberación, frente a lo cual, el comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, declaró que se hallaba en dependencias del ejército y su detención se debía a que la provincia estaba en guerra desde el 17 de noviembre (Mendoza, 25/11/1975).
Mientras tanto, no dejaban de producirse asesinatos. En noviembre fue encontrado en Los Barrancos, con claros signos de tortura, el cadáver de Héctor Samuel Pringles, empleado de YPF y presidente de la cooperativa de vivienda del barrio Sarmiento, quien había sido secuestrado de su domicilio el sábado 22. Ese mismo mes, en Las Lajas (donde funcionó otro centro clandestino de detención), fue hallado calcinado el cuerpo del dirigente gremial gastronómico Luis Alberto Granizo, y fueron encontrados otros cadáveres acribillados a balazos en Papagallos, se trataba de los “delincuentes comunes” Alberto Ángel Ontivero, que había estado preso por hurto, y otros dos de apellido Sanchez y Aguilera. El lugar de depósito de los cuerpos era siempre el mismo: Papagallos, Canota, Las Lajas, parajes montañosos ubicado en el NO, a 10 km de la ciudad de Mendoza.
En este punto queremos detenernos para resaltar que el blanco de los atentados del CAM era sumamente amplio. Los objetivos seleccionados no eran sólo militantes políticos o gremiales, sino también “delincuentes comunes”. Este hecho introduce un factor novedoso que será explorado en futuros trabajos, y que tiene que ver con el modo en que los negocios policiales actuaron en la dinámica represiva en Mendoza. A partir de la reconstrucción realizada, nos encontramos con un considerable número de “quinieleros, narcos y proxenetas” asesinados hallados en Papagallos, lo que está indicando que entre las víctimas, también se encontraban personas que de alguna manera habían interferido o perjudicado negociados policiales. Es decir que los móviles de las persecuciones no eran exclusivamente políticos, y los fundamentos “ideológicos” del CAM no alcanzaban a justificar todas las acciones realizadas por las patotas policiales.
A comienzos de diciembre se denunciaban nuevas desapariciones: un estudiante de abogacía y una de medicina, una maestra jardinera, el dirigente del ex SOEP Luis María Vázquez quien desapareció de su lugar de trabajo, un chofer del Ministerio de Trabajo, y José Salvador Vila Bustos, empleado de Caja de Ahorros del Banco de Mendoza, miembro de la Comisión Interna, militante del PRT, quien a las nueve de la mañana del día 10 fue detenido en su lugar de trabajo por tres hombres de civil.
El secuestro de Vila, que se sumaba a otras detenciones (Luis Ocaña, José Lozano, José Vila, Fuad Surballe y Enrique de Robledo) provocó que la comisión normalizadora y el plenario de delegados y comisiones internas, hicieran un paro de tres horas el día once. Paralelamente era detenido en San Rafael José Heriberto Lozano (integrante de la Comisión Interna del Banco de Previsión Social y de la comisión normalizadora de la seccional Mendoza de la Asociación Bancaria), su esposa Elisa Laura Botella de Lozano (abogada) y Osvaldo José Jara. También fueron secuestrados los “delincuentes comunes” Juan Carlos Echegaray, residente en el Barrio La Favorita y vendedor de lotería, quien fue golpeado y abandonado en el camino al Challao; y José Ramón Zaidán, vendedor ambulante, acusado de hurto y estafa.
A todo ello se sumó la ejecución, en Papagallos, de Néstor López Fornés, secretario de Organización de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, cargo que había ocupado Granizo, asesinado semanas antes. López Fornés fue secuestrado por efectivos policiales y “su cuerpo apareció maniatado con los ojos vendados y con 11 disparos y signos de tortura” (7).
El año 1976 se inició con una serie de atentados con bombas a obreros, militantes del PC y dirigentes que habían participado del gobierno de Martínez Baca. Estos atentados provocaron la inmediata reacción de miembros del Partido Auténtico, quienes a través de una solicitada exigieron la renuncia del jefe y subjefe de policía por considerarlos instigadores directos de los atentados. Santuccione los obligó a retractarse y afirmó que se estaba investigando al CAM pero aún se desconocían sus integrantes, estructuras y bases.
Mientras tanto, no dejaba de crecer el número de desapariciones, allanamientos y asesinatos. Fueron hallados nuevos cadáveres NN y una persona gravemente herida en Papagallos. Días después se supo que se trataba del ciudadano chileno Juan Hidalgo quien había sido secuestrado y torturado por la policía. También fue torturado y asesinado el trabajador estatal Miguel Ángel Gil. Finalmente, el 20 de marzo se produjo el secuestro y asesinato de dos jóvenes militantes por parte del CAM: Susana Bermejillo, profesora de Letras vinculada al P.C. (Partido Comunista) y Jorge Susso, estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional perteneciente al PCR (Partido Comunista Revolucionario) quienes fueron encontrados en descampados con claros signos de tortura. Policías vestidos de civil, que se habían identificado como tales, habían secuestrado a los jóvenes de sus domicilios la noche anterior.
El recorrido realizado nos permite ver que el modus operandi del CAM consistía en la colocación de bombas, secuestros, torturas y asesinatos de individuos cuyos cuerpos eran arrojados en zona montañosa. Un rasgo específico de la lógica represiva desplegada a nivel local va a estar dada por la heterogénea caracterización de las víctimas, la cual también abarcaba, como ya señalamos, a “delincuentes comunes”. Es así que podemos afirmar que en Mendoza, la represión paraestatal no solo persiguió a la denominada “subversión”. La policía de Santuccione le sumó a la “cruzada anticomunista”, una de corte “económica”, vinculada principalmente a los negocios mafiosos al interior de la fuerza, y una de corte “moral” que desarrollaremos a continuación.
Meses después de la creación del CAM, nació el Comando Moralizador Pío XII. Las operaciones llevadas a cabo por el Comando Pío XII incluían, además de los atentados con bombas a clubes nocturnos, el asesinato de mujeres en situación prostitución y proxenetas. Así recuerda una testigo (M.) la aparición del Comando Pío XII:
La primera vez que tengo yo noción de este comando, era como la 1 de la mañana y estaba parada en la esquina de Urquiza y Salta, sola, no había nadie, entonces a lo lejos venía un Ami 8 amarillo y yo veía de lejos que venía tocando bocina por las esquinas y me llama la atención, cuando pasa por mi esquina, toca bocina y tira papelitos (...) el papelito decía emigren prostitutas, comando Pío XII, me llama un poco la atención, le muestro a una compañera mía que me dijo: debe ser un loco ( 9).
El Comando Pío XII, irrumpió oficialmente en la escena pública, en el mes de mayo de 1975 con una acción que definió su modus operandi de ahí en más. El 1 de mayo fueron encontradas desnudas y con un disparo en la cabeza dos mujeres en prostitución que habían sido secuestradas por un grupo de desconocidos la noche anterior. Un testigo del hecho declaró a Los Andes (2/5/75) haber visto a un uniformado entre los captores. En lo que resta de mayo son encontrados dos NN y un “tratante de blancas” en San Isidro. Si bien la policía atribuye el hecho a una pelea entre hampones, el mismo diario señaló que “algunos creen estar frente a un comando moralista” (Los Andes, 2/5/1975).
Según el testimonio del periodista Atienza “este comando Pío XII tenía una existencia oculta, secreta, pero se sabía, quienes serían, o habrían sido, porque algunos de sus integrantes ya están muertos (pero) si me sientan en un tribunal no lo puedo demostrar” (10).
A partir de estos hechos saltan a la luz otros once casos similares vinculados al misterioso comando moralista. En todos los casos se registraba el mismo modus operandi: las ejecuciones eran realizadas a sangre fría, los cadáveres aparecían en zonas montañosas (Papagallos, Canota, San Isidro) y las víctimas estaban relacionadas con la prostitución y el narcotráfico.
De acuerdo con el testimonio de Atienza:
Los cadáveres los tiraban, yo tuve oportunidad de ir una vez, en unos pozos que nosotros llamábamos los pozos de Santuccione, allá· en el Challao. Uno de esos pozos - toda la zona está· llena de esos pozos que parece que son naturales-, está· en la Hostería San Agustín. Allí hay ahora un inmenso palomar. Allí tiraban los cuerpos y era imposible verificar si había un cuerpo o no por la profundidad que tienen, se decía que ese era el lugar de depósito (11).
El 26 de julio el comando moralizador envió un comunicado a la redacción del diario Mendoza. En el mismo se definía como:
un grupo moral y defensor de la salud pública y que sale a la lucha, ya que se observa que la acción de la policía y los jueces está· totalmente limitada por una acción débil e inocua, donde no se observa una verdadera acción represiva contra la manifestación de la corrupción que existe en nuestra ciudad (Mendoza, 26/07/75).
Respecto al nombre manifestaban que tomaban el nombre de Pío XII “por su simbolismo de pureza y santidad de costumbre”. También afirmaban que el comando estaba formado:
por personas de distintos niveles sociales (mendocinos, hijos y nietos de mendocinos) preocupados por la imagen de nuestra sociedad local y que no pertenecen a ninguna organización religiosa (Mendoza, 26/07/75).
En el mismo comunicado manifestaban que:
serían inmisericordiosos en el castigo a las prostitutas, que con su desenfadada presencia en la vía pública atormentan y ofenden de raíz las prácticas de buena costumbre y pública moral mínima de toda sociedad decente.
Y finalizaba:
con látigos de tiento, cadenas, garrotes de goma y cartuchos cargados con sal ahuyentamos la presencia indecorosa de las mujeres públicas, como así también, con un perro doverman, especialmente adiestrado para desnudar personas, que responde al nombre de Savonarola. Res non verba (Mendoza, 26/07/75).
Tal como anuncia el comunicado, las golpizas con cadenas a mujeres en prostitución pasaron a formar parte de las noches mendocinas. Comenta M.:
Una noche viene un grupo de compañeras avisando que una compañera nuestra había sido golpeada. Cuando vamos a verla, la habían golpeado con cadenas. Ella contó que se bajaron cuatro tipos de un auto encapuchados y la golpearon con cadenas diciéndole: no les dijimos que emigren? (12).
En el Palacio Policial, lugar donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia, el D-2, las mujeres en prostitución detenidas (antes del golpe de Estado), tenían oportunidad de ver a los militantes que también eran llevados a ese lugar:
veíamos a la gente que estaba desaparecida que la llevaban ahí (... ) la veíamos pasar. Una vuelta vimos morir a un muchachito de 18 años, lo habían picaneado tanto y lo metieron a las duchas -que estaban cerca de donde estábamos nosotras- y después lo sacaron en una frazada muerto, de la electricidad que le dieron. Y así los vimos pasar, no sabíamos los nombres ni nos lo iban a decir a nosotras (...) pero nos dábamos cuenta por la manera en que los tenían en otros calabozos lejos de nosotros (13).
Volviendo al relato cronológico, en agosto, setiembre y octubre de 1975, no se registraron asesinatos pero se produjo una enorme cantidad de atentados con bombas en boliches nocturnos, whiskerías, prostíbulos. A través del testimonio de Atienza, entendemos que a este complejo panorama, se sumaba otro móvil en algunos atentados: el de los negocios y coimas al interior de la policía, práctica habitual en esta institución:
El Comando tenía dos líneas, una era una supuesta defensa de la moral y las buenas costumbres y una económica. Para eso, cometían en la persona de prostitutas, prostitutas de poca monta, ataques físicos, palizas, hasta asesinatos. Pero no atacaban a los gatos de los hoteles caros, las que salían con ejecutivos y funcionarios, atacaban a prostitutas, digamos, trotacalles y rufianes de segunda línea (14).
La otra línea de acción, indica Atienza, era la extorsión.
De esa tengo elementos concretos pero tampoco podría probarlo en un tribunal (...) Esta segunda línea consistía en ir a lugares de la noche, boliches, lugares que todo el mundo sabe, se maneja mucho dinero y pedir cierta cantidad a cambio de seguridad. Uno de esos cabarets era el famoso La Noche, esquina de Ayacucho y Salta. En ese lugar había un griego, al que le piden dinero y no quiere pagar la cantidad que pedían. Ocurre algo similar con otro boliche Barrabás, de Néstor Sierra. Me cuenta ese hombre que habían ido dos hombres a verlo y me consulta que podía hacer y le dije, si podés, pagales, pero explicales que es por única vez, que hasta allí te alcanza. Les pagó y nunca le pasó nada (15).
Durante noviembre y diciembre no se registraron atentados con bomba. El impasse de los atentados con bombas, manifiesta Atienza, coincide con la detención de un extorsionador que era un policía en actividad. Efectivamente, tal como señala Atienza, si bien no se produjeron atentados, si se registraron asesinatos. Sólo en noviembre fueron hallados ocho cadáveres: un “delincuente común” de apellido Sanchez en San Isidro, una mujer “de vida irregular” calcinada, un “delincuente común” de apellido Aguilera en Papagallos, los que se sumaban a los ya mencionados Carlos González (uno de los asesinos del diputado sanjuanino Pablo Rojas), el trabajador de YPF Héctor Samuel Pringles y el gastronómico Granizo en Las Lajas (autoadjudicados los dos últimos por el CAM). A comienzos de diciembre fue hallado el cadáver “número 25 en 12 meses”, un NN asesinado y abandonado en San Isidro (Los Andes, 6/12/1975).
Si bien no es el objetivo de este trabajo queremos señalar que las prácticas represivas a las que fueron sometidos/as los/as militantes se observan a simple vista. No ocurre lo mismo con los tormentos sufridos por las mujeres en prostitución, los cuales fueron imperceptibles no sólo dentro del campo académico sino también en el campo de la militancia y de las organizaciones de derechos humanos. De hecho ellas no figuraron en el Nunca Más. Entendemos que la condición de género de esas mujeres, la imposibilidad de pensar la prostitución como un hecho político, junto con la invisibilidad de la lógica patriarcal y de la misoginia de las fuerzas de seguridad, borró -y despolitizó- el hecho de que fueron grupos paraestatales los responsables de las acciones represivas, e impidieron ver que en Mendoza, parte de la acumulación de experiencia en las prácticas represivas ilegales fuera realizado sobre los cuerpos de mujeres que se habían salido de los “roles esperados”, hecho que las convertía en “delicuentas subversivas”.
Luego de esta descripción nos detendremos en algunos de los casos mencionados, para analizar en primer lugar, la inflexión que para noviembre de 1975 se produjo en la organización de la represión ilegal y en segundo lugar en el modo en que el carácter internacional del accionar paraestatal se manifestó a nivel local.
Como mencionamos al comienzo, en octubre de 1975 se estableció a través de tres decretos la centralización de la represión. En estos decretos, se puso en práctica la modificación doctrinaria planteada por los nuevos reglamentos militares del año ´75, en los cuales se establecía una centralización en lo estratégico y descentralización en lo táctico (16). El accionar de las fuerzas de seguridad combinó la descentralización táctica y las viejas prácticas burocráticas y jerárquicas, incorporadas a lo largo de su formación por el personal de las FFAA. El anticomunismo como ideología que orientaba su accionar, impregnó casi sin matices al conjunto de la fuerza.
Hasta el momento de la centralización de la represión los operativos eran realizados por integrantes de la policía provincial y federal, que actuaban a través del CAM, y no presentaban la sistematicidad que tendrían luego bajo la forma de grupos de tareas. Sin embargo ya desde el comienzo es posible observar la confluencia en la caracterización que el nacionalisno de derecha (17) y la policía hacían del enemigo: judíos, evangélicos, humanistas, militantes de izquierda, peronistas de la Tendencia, y mujeres en situación de prostitución formaban parte del “enemigo apátrida”.
Rolando Concatti, ex cura tercermunditsta e integrante del CEAS (Comité Ecuménico de Acción Social) hace referencia a la inflexión de 1975: “El 75 fue terrible, en el 76 fue diferente porque fueron claras las confrontaciones. Era claro que las persecuciones eran realizadas por el gobierno, los militares y que los que estaban al servicio eran los ´para´” (18). Otro de los testigos, T., señala: “Recién en noviembre la represión toma auge, hasta ese momento había habido cosas aisladas, pero ahí se fue generalizando, in crescendo” (19). Tal como comenta T. la fecha clave fue el 22 de noviembre cuando el ministro Mathus, en conferencia de prensa, anunció un redoblamiento de las medidas de seguridad “en prevención de la guerrilla y la subversión” invocando el decreto 2772/75 (Los Andes, 23/11/1975). Entre las noches del 22 y 23 de noviembre fueron secuestrados/as Jorge Bonnardell, Luis Jury, Daniel Sendra, Luis Santoreno, Silvia Minto, Orlando Berlanga, Susana Abraham, Atilio Arra, Oscar Koltes, Joaquín y Julio César Rojas, Samuel Pringles, Daniel Pina y Luis Moriña. Los dos últimos continúan desaparecidos y Pringles fue asesinado.
En la conferencia de prensa brindada por Mathus, según las crónicas de la época, los periodistas reunidos para la ocasión tuvieron la posibilidad de comparar la información que todos ellos habían obtenido a partir de las numerosas denuncias que familiares de los/as desaparecidos/as habían realizado en las redacciones, así como corroborar que el modus operandi empleado en todos los casos era el mismo: secuestros realizados en las noches por encapuchados que actuaban de manera violenta, produciendo destrozos y robos en los domicilios allanados.
En el caso de la desaparición del periodista Jorge Bonnardel, ya se observa claramente el accionar conjunto de la policía y las FFAA. Bonnardell fue secuestrado la madrugada del 23 de noviembre por un grupo de individuos que irrumpió violentamente en su casa, y luego de atar y vendar los ojos de su esposa, se lo llevaron como estaba. Declaraba su esposa a Los Andes “a mi marido no le dieron tiempo de vestirse, se lo llevaron en paños menores y sin sus lentes sin los cuales no ve nada” (Los Andes, 24/11/1975).
Días antes de su desaparición, dos miembros de la Fuerza Aérea habían ido al diario Los Andes. “El entonces secretario general de Redacción había avisado que se dejarían de publicar los operativos contra la subversión”. Pero la censura duró poco. “Tras la visita de una madre que tenía desaparecido a su hijo, Antonio Di Benedetto le permitió al periodista Rafael Morán hacer una pequeña nota. Después de eso, los operativos volvieron a ocupar parte de la sección Policiales del diario” (20). La madrugada del 24 de marzo de 1976 el escritor Antonio Di Benedetto y Morán fueron detenidos en su lugar de trabajo (la redacción de Los Andes) y llevados al Liceo Militar. Morán estuvo preso cuatro meses y Di Benedetto permaneció detenido en la Penitenciaría provincial, donde fue víctima de tortura. En este episodio, como en otros, ya aparecen noticias de familiares de desaparecidos/as, que se dirigen a los medios, debido a que ni la policía ni las fuerzas armadas responden por las detenciones.
En el asesinato de Héctor Pringles (22/11/1975), ocurrido luego de la creación del COT, también se observa la inflexión mencionada. Su secuestro fue realizado en su casa por miembros de las FFAA, con vehículos del ejército y también con una ambulancia del ministerio de Bienestar Social.
Por otra parte, a partir del último tercio de 1975, las operaciones llevadas a cabo tuvieron las mismas características que las que se desarrollaron luego del golpe: secuestros en los domicilios en horas de la madrugada, realizados por individuos vestidos de civil, encapuchados, exhibiendo armas. Los vecinos llaman a la policía pero la misma no concurre. Los/as secuestradas/os desaparecen por horas o días, hasta que son blanqueados/as y puestos a disposición del PEN. En diarios y comisarías numerosos familiares de los/as desaparecidos/as reclaman información sobre su paradero. Durante esos meses, las desapariciones momentáneas fueron numerosas.
En los casos de los secuestros de los estudiantes Daniel Osvaldo Pina y Luis Rodolfo Moriña, también se registra ese modo de operar. Los dos secuestros fueron realizados durante la madrugada. Un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados destrozaron las puertas, golpearon a los familiares, les vendaron los ojos y se llevaron bibliografía y objetos personales. Los jóvenes fueron llevados semidesnudos, y los captores amenazaron a sus familias con matarlos si llamaban a la policía. La familia de Moriña llamó a la policía, pero ésta no concurrió.
Por otra parte, en los últimos meses de 1975, los operativos policiales desplegados crecieron enormemente. En uno de ellos realizado a comienzos de octubre participaron 15 seccionales y fueron demoradas 1000 personas “por averiguación de medios de vida y antecedentes”, y en otro, llevado a cabo el 21 de noviembre, fueron detenidas más de 800 personas (Mendoza, 3/10/1975 y 22/11/1975). En todos ellos también eran detenidas mujeres de “vida irregular” y chilenos ilegales.
La conflictividad social y laboral en Mendoza no tuvo la radicalidad que alcanzó en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Tucumán, sin embargo la represión paraestatal tuvo un enorme impacto en la provincia. Volviendo al interrogante que planteamos al comienzo sobre las posibles causas de la inusitada represión pre dictatorial retomamos la hipótesis que apunta al hecho de que, a nivel local, la represión no sólo se debió a la persecución de “la subversión” local, sino que además, al ser Mendoza provincia limítrofe con Chile, la violencia paraestatal tuvo que ver en parte, con la articulación de las redes internacionales para combatir a la “subversión”, que para esa época se estaban tejiendo en el Cono Sur.
Respecto de la relación entre el desarrollo que tuvieron las organizaciones paraestatales en la provincia y la situación política del país trasandino, podemos señalar dos momentos.
Respecto del primer momento (1970-1973) como señalamos en un trabajo anterior, los grupos de derecha chilenos utilizaron Mendoza como lugar de reorganización y conspiración contra el gobierno del presidente Salvador Allende, como se puede advertir en las solicitudes de asilo político y la utilización de territorio argentino para la organización de operativos, entrenamiento y tráfico de armas (Rodriguez Agüero, Paredes, 2012). Concatti señala:
Antes del golpe se había radicado acá en Mendoza gran parte de lo peor de la derecha chilena. Acá vinieron muchos, compraron tierras, se dedicaron a la vitivinicultura pero no sólo eso, de acá se prepararon para hacer la resistencia al gobierno de Allende y para preparar el golpe de Pinochet. Había una importante red de influencias, dinero, etc. (21).
McSherry sostiene que “la utilización de fuerzas paramilitares fue un elemento importante de las estrategias de contrainsurgencia de los militares del “Cóndor”, más aún en momentos en que “la orientación de clase del Estado se encontraba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambio” (Mc Sherry, 2005: 39).
En este contexto, las organizaciones Tradición, Familia y Propiedad (TFP) y Patria y Libertad (PyL) actuaron en Mendoza con el objetivo de incidir abiertamente en el escenario político chileno. En ese primer momento, tal como vimos, miembros de P y L llegaron a Mendoza luego de su paso a la clandestinidad, y según declaraciones de uno de sus líderes, Roberto Thieme, desde esta provincia organizaron parte del boicot contra el presidente de la Unidad Popular (Rodriguez Agüero, Paredes, 2012). Por otra parte, la derecha mendocina, durante los años del gobierno de Allende, se sintió amenazada. El proceso chileno era visto con preocupación, como una amenaza que le podía proporcionar a la izquierda un ejemplo de accionar internacionalizado. Tal como señalaba en junio de 1974 el órgano difusor de las 3 A, El Caudillo, la cercanía con Chile, le otorgaba a la “infiltración” mendocina “una particular peligrosidad”. En esa dirección celebraba la destitución del gobernador Martínez Baca y la reacción peronista que había terminado con “el Soviet mendocino”:
La situación de provincia limítrofe con Chile daba a esta infiltración una particular peligrosidad (...) además Martínez Baca había sectorizado su gobierno y había dado participación a los grupúsculos marxistas que terminaron controlando el gobierno y aislándolo del peronismo leal (El Caudillo, 28/6/1974).
Además, el órgano difusor de las 3 A denunció que “cuando el camino internacional a Chile lo permitía se estaba trayendo desde ese país armamento y munición (El Caudillo, 28/6/1974).
Respecto del segundo momento (1973-1976) que comprende desde el golpe militar contra Allende, en setiembre de 1973, hasta el golpe militar en Argentina en 1976, las organizaciones de derecha paraestatales y las fuerzas de seguridad de ambos países, colaboraron para perseguir a los exiliados políticos chilenos que se hallaban en Argentina. Luego del golpe militar contra el presidente chileno, el gobierno del General Pinochet vio con recelo a la gran comunidad de exiliados en Argentina. La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional de Chile) provocó que en 1974, al menos 15.000 refugiados/as políticos/as fueran expuestos a algún tipo de violencia en Argentina, en tanto que en 1975, 79 migrantes fueron intimados/as a abandonar el país bajo amenaza de muerte (Ginzberg, 28/6/02). Dos de las acciones que más conmocionaron a la opinión pública fueron: el asesinato del ex general Carlos Prats, perpetrado por la DINA, la CIA y la triple A el 30 de Septiembre de 1974 y la Operación Colombo, también denominada “El caso de los 119”, destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos desparecidos/as (Calloni, 1999: 48).
Como señalamos luego del golpe de Estado que derrocó a S. Allende se produjo una entrada masiva de chilenos/as a la provincia. En 1973 habían llegado 31.800 y en 1974 entraron 71.900 inmigrantes chilenos (22) situación que provocó alarma en los gobiernos de ambos países (Paredes, 2006). En Mendoza, frente a la llegada de miles de chilenos/as exiliados/as, fueron creadas organizaciones para ayudarlos tales como el CEAS (Comité Ecuménico de Acción Social), COMACHI (Comisión de Ayuda Argentino Chilena) y se puso en marcha la filial local de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Uno de los responsables del CEAS en ese momento, R. Concatti señala:
fue realmente un aluvión inesperado. Las cúpulas la tenían clara, el PC por ejemplo, sacó del país a todos sus dirigentes. Acá vinieron gente del PC que no pudo salir, pero el mismo partido de acá los sacó en 15 días, así es que acá quedó la militancia, gente que había estado en las luchas de los barrios, de los pueblos, además de muchos desocupados que vinieron (...) y había que darles acogida, muchos llegaron caminando (...) Llegaron como 9000, el primer contingente fue de 3000 o 3500. ¿Cómo te hacés cargo? ¿cómo los alimentás? Ahí se tuvo que conseguir financiamiento, Mauricio López hizo el contacto con la ACNUR que se hizo cargo de todo, en un momento teníamos alquilados 25 hoteles (23)
Concatti sostiene respecto de las persecuciones sufridas por los/as refugiados/as:
Mientras que la gendarmería y la policía se cuidaban, los que no tenían reglas que cumplir eran los grupos de ultraderecha (...) las cosas más salvajes que se hicieron contra los chilenos las hicieron bandas de muchachotes armados, mal armados, con cadenas, más para sembrar el terror y expulsarlos (...) La derecha armada, el CAM, les ponían bombas (...) una bomba espantosa le pusieron a la Iglesia metodista que tuvo un gesto estoico, desarmaron la iglesia como iglesia, la tabicaron e hicieron ahí el CEAS (24).
En este contexto, en Mendoza, además de los/as militantes y las mujeres en prostitución, los exiliados/as chilenos/as también formaban parte del “enemigo interno”. Los atentados terroristas perpetrados por el CAM tuvieron como blanco de sus acciones a aquellos/as que participaban de las organizaciones de ayuda a los exiliados/as chilenos/as como Rolando Concatti, Oscar Braselis y Mauricio López. Este último fue secuestrado y desaparecido en enero de 1977. Concatti destaca el papel fundamental que López cumplió en la ayuda a los refugiados/as:
Mauricio López tuvo una participación importante en dos aspectos. Por un lado, él estaba organizando la universidad de San Luis (...) y toda esta gente entró mucho a la universidad porque entre las ocupaciones que los legitimaba a los chilenos era ser estudiantes, se les dio facilidad para estar en las facultades (...) y ser estudiantes les daba cobertura legal. Por otro lado Mauricio había vivido en Ginebra ocho años, como muy alta figura del Consejo Mundial de Iglesias y ahí había estado en una comisión de ayuda a refugiados y tenía una aceitada relación con la ACNUR (...) su actuación también fue decisiva en la constitución del CEAS (Comité Ecuménico de Acción Social)” (25).
Recordemos también que en setiembre de 1974, una bomba estalló en el lugar donde se iba a realizar una reunión del COMACHI. También para esta época, los enormes operativos policiales realizados por Santuccione, ponían especial énfasis en la detención de chilenos/as ilegales, quienes llegaban de a miles, escapando de la dictadura pinochetista.
Por último, en cuanto a la coordinación internacional de la represión y el papel que Mendoza jugó en ese engranaje, queremos señalar dos cuestiones.
En primer lugar, que Santuccione era uno de los propietarios del hotel Liberty (Buenos Aires) donde fue secuestrado por la DINA y la policía federal argentina el 1 de noviembre de 1975, el ciudadano franco chileno Jean Ives Claudet (26), dirigente del MIR desaparecido en el marco del Plan Cóndor (27). La misma suerte corrió el ex ministro de Educación del Uruguay Zelmar Michelini el 18 de mayo de 1976, sólo que su cuerpo fue encontrado. La desaparición de Claudet fue informada por Enrique Arancibia Clavel (asesino del general Prats) a sus superiores de la DINA a través de un memo que decía: Claudet no existe más (28). Uno de los secuestradores de Claudet fue José Osvaldo “Balita” Riveiro, alias Rawson, quien en diciembre de 1974, fue destinado al batallón de Inteligencia 601 en calidad de oficial del Estado Mayor, y a fines de ese mes pasó a cumplir funciones en el Batallón de Inteligencia 144 de Mendoza. “Como oficial de inteligencia, Riveiro habría sido el contacto del agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, hombre de la policía secreta pinochetista en Argentina y condenado por su participación en el crimen de Prats” (29). Francisco Martorell en su libro sobre el Plan Cóndor señala que el contacto que la DINA tenía en Argentina era el Batallón 601 de Mendoza (Martorell, 1999).
En segundo lugar,a días del golpe de Estado, en abril de 1976, tres dirigentes chilenos del MIR (Juan Hernández Zazpe, Luis Muñoz Velázquez y Miguel Tamayo Martínez) fueron secuestrados y desparecidos en Mendoza (30). Señala Martorell que los tres militantes tenían la función de reorganizar la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria).
Según testigos del hecho, el 3 de abril de 1976 los chilenos fueron detenidos en Mendoza por la Policía Federal Argentina y agentes de la DINA, quienes los introdujeron en un camión del ejército argentino que se alejó del lugar de la detención seguido por dos automóviles con patente chilena.
Juan Feres Nazarala, ex militante del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) (31), que estuvo detenido con Muñoz, Tamayo y Hernández en un CCD chileno, declaró que Muñoz le comentó que luego de ser detenidos en Mendoza, fueron llevados, tirados y maniatados en la parte de atrás de una camioneta hasta Chile “y que en los pasos fronterizos tanto argentino como chilenos, la policía hacía bromas respecto de la carga que traía en la camioneta” (32).
Por su parte, Teresa de Jesús Zazpe Guzmán, madre de Juan Hernández Zazpe declaró que después del golpe militar su casa fue allanada varias veces, lo que motivó a su hijo Juan a viajar a Mendoza. Este le contó por cartas que durante su estadía en Mendoza era vigilado y seguido constantemente (33).
La reconstrucción realizada nos sirve para ver, cómo las diferentes acciones de las organizaciones paraestatales se inscriben en un proceso mayor de montaje del dispositivo represivo que tuvo distintos momentos. Las acciones que durante 1974 parecían aisladas, durante el último tercio de 1975 adquieren sistematicidad. La gran cantidad de secuestros y desapariciones, la inauguración del D2 como CCD, las operaciones rastrillo en las calles y la masividad, sistematicidad e impunidad con que eran realizadas todas estas acciones, dan cuenta de ello. Es decir que desde la conformación del CAM, pasando por la centralización del COT y la subordinación de las policías, hasta la inflexión que implicó el golpe de Estado de 1976, se fue dando un proceso de acumulación de experiencia en las prácticas represivas ilegales, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y una transformación cualitativa en el ejercicio de la violencia.
Las principales víctimas de la represión fueron trabajadores/as y militantes de izquierda, lo que muestra cómo ya se estaba poniendo en marcha, uno de los principales objetivos de la dictadura: desarticular el enorme grado de organización alcanzado por los trabajadores/as y disciplinar al movimiento obrero. Sin embargo, en una provincia con una fuerte presencia de sectores del nacionalismo de derecha, y en un momento de tejido de redes represivas en el Cono Sur, también formaron parte del “enemigo” las mujeres en situación de prostitución y los/as emigrados/as chilenos/as. Respecto de esto último, la cercanía con Chile fue fundamental tanto en los momentos previos como posteriores a la caída de Allende.
La coordinación de la represión en el Cono Sur adquirió distintas formas en función de las diferentes coyunturas políticas. En el caso de los/as refugiados/as chilenos/as, los distintos momentos políticos de Argentina, tuvieron características diferenciales en las persecuciones por ellos sufridas. A medida que el clima represivo se fue agudizando, las persecuciones se fueron tornando más virulentas. El acoso sufrido por los asilados/as durante el gobierno de Isabel Perón, se transformó en asesinatos y desapariciones con el advenimiento de la dictadura. Luego de marzo de 1976, la represión hacia el “enemigo interno” que en Mendoza incluía a militantes, exiliados/as chilenos/as y mujeres en situación de prostitución, se llevó a cabo de manera abierta, sistemática y coordinada. La coordinación de las fuerzas de seguridad argentinas y chilenas se observa claramente también en la liberación del tránsito de frontera entre ambos países para el traslado de detenidos.
Por último, vale la pena aclarar que, si bien antes y después de la dictadura, hay una serie de pautas represivas que se repiten, entendemos que marzo de 1976 implicó un corte. Durante los últimos años del gobierno constitucional peronista, los procesos de detenciones y desapariciones eran visibles, tal como ocurrió en los casos de Pringles y Andía, los intentos de censura en los medios de prensa no siempre prosperaron, tal como ocurrió en los casos de las denuncias presentadas por periodistas como R. Morán y A. Di Benedetto; y los cadáveres de aquellos/as que fueron asesinados/as aparecían. Luego del golpe de Estado, con el advenimiento de la dictadura y su metodología de Terrorismo de Estado como práctica sistemática y generalizada, el escenario cambió radicalmente.
1 Mediante el decreto 2770, se creaba el Consejo de Seguridad Interna, a través del cual los comandantes generales de las FFAA asesorarían a la presidencia en la lucha contra la “subversión”. El decreto 2771 permitía al Consejo de Seguridad Interna suscribir convenios con las provincias para que el personal penitenciario y policial quedara bajo control operacional de las FFAA; y por último, el decreto 2772 declaraba el carácter nacional de la lucha “antisubversiva”.
2 Para un estado del arte sobre los debates y las matrices explicativas utilizadas en el abordaje de la represión en la historia reciente argentina ver: Águila Gabriela, “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas” en Contenciosa Año I, nro. 1, segundo semestre 2013
3 Entrevista realizada por la autora a Carlos Mendoza, dirigente metalúrgico, ex Secretario General de la CGT, y vice gobernador de Mendoza durante junio y julio de 1974, Mendoza, junio de 2010.
4 Declaración de Fernando Rule, Audiencia 25 de noviembre de 2011 en el juicio por crímenes contra humanidad. en Mendoza en http://www.derechos.org/nizkor/arg/informes.html
5 Entrevista realizada por la autora a Alberto Atienza ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
6 Declaración indagatoria ante los jueces de la Cámara Federal de Mendoza del 13/05/1987, disponible en http://medhregionalmendoza.blogspot.com.ar/
7 Testimonio de su hermana Perla disponible en http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/l/todos/lopezfn.html
8 Al respecto ver Rodríguez Agüero, Laura (2009): “Mujeres en situación de prostitución como blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII. Mendoza 1974-1976” en: Andujar, Andrea y otras (comp.) De minifaldas, militancias y revoluciones .Exploraciones sobre los ´70 en América Latina, Buenos Aires, editorial Luxemburg.
9 Entrevista realizada por la autora a M., víctima del Comando Pío XII, integrante de AMMAR Capital, Mendoza, noviembre de 2006.
10 Entrevista realizada por la autora a Alberto Atienza ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
11 Entrevista realizada por la autora a Alberto Atienza ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
12 Entrevista realizada por la autora a M., víctima del Comando Pío XII, integrante de AMMAR Capital, Mendoza, noviembre de 2006.
13 Ibidem
14 Entrevista realizada por la autora a Alberto Atienza ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
15 Ibidem.
16 Entre 1975 y 1976, el Ejército aprobó un nuevo reglamento que vino a reemplazar a los mencionados previamente. Slatman señala que el mismo presentaba un viraje discursivo, al referirse a la guerrilla con el término “banda de delincuentes subversivos armados”, a la vez que nacionalizaba la doctrina de la “Guerra Contrarrevolucionaria” a todo el territorio y planteaba la necesidad de una centralización en el nivel estratégico y una descentralización en el táctico, otorgando cierta autonomía a los distintos organismos de seguridad (Slatman, 2010).
17 Usamos el concepto que propone Daniel Lvovich, para quien, pese a las diferencias y matices que las distintas agrupaciones presentan, existe una serie de rasgos comunes a todas ellas, que permite agruparlas bajo el rótulo de “nacionalismo de derecha”. Algunas de esas características son: el antiliberalismo, antiizquierdismo, corporativismo, reivindicación del catolicismo y antisemitismo. Además, la consideración de la Nación como “un bloque culturalmente monolítico, cuya preservación requería una sociedad jerárquicamente ordenada”; y una visión conspirativa de la historia que llevó a una constante denuncia de complot y el llamado “a una cruzada para la reconquista del país...” (Lvovich, 2006:12).
18 Entrevista realizada por la autora a Rolando Concatti, ex cura tercermundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
19 Entrevista realizada por Laura Rodriguez Agüero a T., 68, ex militante del Partido Auténtico, Mendoza, agosto de 2012.
20 Morán en El Sol, 3/2/2011
21 Entrevista realizada por la autora a Rolando Concatti, ex cura tercermundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
22 Los datos son citados por Paredes Alejandro (2005) de Heras, Guillot y Gálvez “Migración Tradicional y Migración de crisis, PISPAL, Mendoza, 1978, p13.
23 Entrevista realizada por la autora a Rolando Concatti, ex cura tercermundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
24 Entrevista realizada por la autora a Rolando Concatti, ex cura tercermundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
25 Ibidem
26 Había sido arrestado en dos ocasiones en 1973, estuvo un año detenido. Una vez liberado, fue inmediatamente transferido a la Embajada francesa y embarcado en un vuelo con destino a Francia. Desde ese país, Jean-Yves Claudet ayudó a instalar una célula del MIR en Argentina. Viajó a Buenos Aires el 30 de octubre de 1975 llevando consigo unos microfilms. Disponible en http://www.fasic.org/doc/NOTAjuicioFRANCIA.htm
27 http://www.nuncamas.org/formularios/formular.htm
28 A raíz del enfrentamiento entre las dictaduras argentina y chilena por el Canal de Beagle, en noviembre de 1978, cuando volvía de Santiago, Arancibia Clavel fue arrestado en Buenos Aires acusado de espionaje. En su departamento se secuestraron varias carpetas con los informes que el agente de la DINA mandaba a Chile. Ginzberg Victoria LOS INFORMES DE ARANCIBIA CLAVEL A LA DINA CHILENA en http://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-12/pag18.htm
29 Ginzberg Victoria “Dos más buscados por represores en http://www.pagina12.com.ar/2001/01-11/01-11-30/pag11.htm
30 Su desaparición junto a la de otros/as 16 ciudadanos/as chilenos/as ocurridas en el marco del Plan Cóndor, se constituyó en una de las causas a partir de la cual abogados de DDHH pidieron el desfuero del gral Pinochet y a partir de la cual fueron procesados el ex jefe de la DINA gral Contreras Sepulveda y los brigadieres Espinoza y Willikie
31 El MAPU fue una de las organizaciones políticas de izquierda que formó parte de las filas de la Unidad Popular
32 Primera parte del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, que asegura que el ex dictador Augusto Pinochet sabía de los crímenes del Plan Cóndor. http://www.agenciapulsar.org/imprimir.php
33 Ibidem
Mendoza, Mendoza (años 1969-1976)
El Andino, Mendoza (años 1969-1976)
Revista Claves (1973-1974)
Revista El Caudillo (1975)
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a T., 68, ex militante del Partido Auténtico, Mendoza, agosto de 2012.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Rolando Concatti, ex cura tercermundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Carlos Mendoza, dirigente metalúrgico, ex Secretario General de la CGT, y vice gobernador de Mendoza durante junio y julio de 1974, Mendoza, junio de 2010.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Alberto Atienza ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a M., víctima del Comando Pío XII, integrante de AMMAR Capital, Mendoza, noviembre de 2006.
Aguila Gabriela (2013) “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas” en Contenciosa Año I, nro. 1, segundo semestre.
Basualdo Victoria, (2006) “Complicidad patronal-miliar en la última dictadura militar. Los casos Acindar, Astarsa, Dalmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz” en Suplemento especial Revista Engranajes, FETIA.
D´Antonio Débora y Ariel Eidelman (2010) “El sistema penitenciario y los presos políticos durante la configuración de una nueva estrategia represiva del Estado argentino (1966-1976)" Iberoamericana. America Latina - España – Portugal número 40.
Franco Marina (2012), Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: FCE.
Gonzalez Jansen Ignacio (1986), La Triple A, Contrapunto: Buenos Aires.
Izaguirre, 2009 Inés (comp.) Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973-1983. Antecedentes. Desarrollo. Complicidades. Buenos Aires: Eudeba.
Lacoste Pablo (2004) Mendoza a través de su historia, Mendoza: Caviar Blue
Lvovich D., Cernadas J. (eds.) (2011), ¿Historia para qué? Revisitando una vieja pregunta, Prometeo Libros, Universidad de General Sarmiento: Buenos Aires
Martorell Francisco (1999) Operación Cóndor, el vuelo de la muerte. Coordinación represiva en el Cono Sur, Santiago de Chile: Editorial LOM
Mc sherry (2009): Los Estados depredadores. La Operación Cóndor en América Latina, Santiago de Chile: LOM Ediciones
Rodríguez Agüero, Laura (2009) “Mujeres en situación de prostitución como blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII. Mendoza 1974-1976” en: Andujar, Andrea y otras (comp.) De minifaldas, militancias y revoluciones .Exploraciones sobre los ´70 en América Latina, Buenos Aires: editorial Luxemburg.
Rodríguez Agüero Laura, Paredes Alejandro (2012) “Organizaciones de derecha y terrorismo de Estado. Mendoza 1970-1976” en Revista de Estudios Trasandinos, volumen 17 n°1, en www.estudioshistoricos.ulagos.cl/. Chile
Paredes Alejandro (2006) “Las organizaciones de inmigrantes chilenos en Mendoza en los setenta” en Baraldo y otros Mendoza setenta. Tierra del sol y las luchas populares, Buenos Aires: Manuel Suarez Ed.
Santella Agustin, “Ciclos de protestas laborales sin situaciones revolucionarias, Argentina 1958 2002 en XIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Bariloche, 2009.
Slatman Melisa (2010): “La doctrina militar contrarrevolucionaria del Ejército durante la Guerra Fría (1957-1976)” Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, julio-diciembre 2010, Bahía Blanca, Argentina.
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